Compromiso Gran Chaco argentino 2030.

Desde hace varias décadas, los desmontes y los cambios en el uso del suelo se han convertido en una práctica habitual en tierras del Gran Chaco argentino, donde se estima que un 30 % del bosque nativo (alrededor de 20 millones de hectáreas) ya ha sido transformado en áreas de cultivo o pasturas ganaderas. La buena noticia es que todavía existe un 70 % que permanece relativamente intacto y debería ser protegido.
Con ese objetivo, acaba de ser lanzado el Compromiso Gran Chaco Argentino 2030, un programa de acción, presentado por diferentes organizaciones no gubernamentales, que pretende la participación de la mayor cantidad de actores posibles con el fin de lograr un cambio profundo en la explotación económica de una ecorregión que se extiende a través de once provincias y ocupa un 22 % del territorio nacional, además de abarcar amplias superficies en Bolivia y Paraguay.
Consensuado y firmado por 55 organizaciones de diversa índole —ONG, fundaciones, entidades académicas y científicas, y entidades internacionales—, el Compromiso Gran Chaco 2030 es una convocatoria que busca trascender los límites de la propia ecorregión, la segunda más extensa del continente detrás de la Amazonía, en busca de profundizar la concientización en torno a la necesidad de conservación del monte.
El Compromiso apunta a la acción y la implicación de todos los sectores. Por un lado, alienta a la sociedad civil a la creación de una agenda común para lograr que la problemática se incorpore de manera efectiva al discurso político. Por otra parte, apela también al sector privado, al que insta, entre otras cosas, a cumplir y hacer cumplir de manera estricta la Ley de Bosques. Esta última, establece con claridad los usos del suelo según el ordenamiento que realizó cada provincia, dividiendo las áreas boscosas en zonas roja, amarilla y verde, lo cual establece los niveles permitidos de utilización productiva. Sin embargo, a través de múltiples argucias legales, los productores agrícolas y ganaderos han logrado, y continúan logrando, hacer caso omiso a la letra escrita.
Las mayores demandas, sin embargo, están dirigidas hacia el Estado. El control y fiscalización para que se cumpla efectivamente la Ley de Bosques ocupa el primer punto. Al mismo tiempo, se solicita la asignación de los recursos económicos indispensables para dichas tareas. “En 2019 solo se ejecutó el 4,5 % del presupuesto correspondiente”, indica la Fundación Vida Silvestre, una de las ONG que dieron el punta pie inicial al proyecto, en la web donde es posible firmar la adhesión al programa.
El listado de pedidos incluye también la creación de normas complementarias para ordenar el uso de agroquímicos, el fomento del cuidado específico de los humedales y la obligación de indicar la trazabilidad de los productos agrícolas y ganaderos que llegan a los consumidores. Además, solicita la restauración de áreas degradadas, la creación e implementación de corredores biológicos interprovinciales y la promoción de la educación ambiental y de actividades económicas alternativas para las comunidades locales.
El último punto recogido está directamente relacionado con la adecuación del territorio del Gran Chaco a los tratados internacionales firmados por Argentina, como el Acuerdo de París sobre cambio climático o el Convenio de Diversidad Biológica. En ese sentido, apenas un 3 % de la región tiene algún tipo de protección, por lo que se apunta a la creación de nuevas reservas naturales.

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