Pilaga II° La matanza del Rincon Bomba

En 1947 la Gendarmería Nacional llevó a cabo una nueva masacre contra pueblos originarios del norte, esta vez en el vecino Territorio Nacional de Formosa. Por entonces gobernaba el general Juan Domingo Perón. Son conocidas las políticas sociales del peronismo que mejoraron el nivel de vida de las clases populares, sin embargo este otro hecho menos glorioso ha permanecido silenciado durante décadas. Para los pueblos pilagá de Formosa, la situación no mejoró con la llegada del gobierno de Perón. Recluidos en «Reducciones» eran obligados a realizar trabajos agrícolas por un salario miserable que rara vez cobraban o lo hacían con descuentos o por medio de bonos que se podían canjean en muy pocos almacenes de la zona.

En marzo de 1947 cientos de trabajadores rurales -mayoritariamente de la etnia pilagá- se movilizaron desde Las Lomitas (Formosa) hasta Tartagal (Salta) para trabajar en el Ingenio San Martín, propiedad del político y hacendado Robustiano Patrón Costas. Les habían prometido un pago de $6 por día, pero al momento de culminar las tareas agrícolas les pagaron solo $2,50 el día. Cuando fueron a reclamar ante el propietario, los expulsaron del lugar.

En la primavera de ese año cientos de familias pilagá, , se concentraron para reclamar por esta estafa en el descampado de Rincón Bomba, en cercanías del Escuadrón 18 de Gendarmería de Las Lomitas. Eran liderados el sanador Tonkiet (Luciano Córdoba). Las familias permanecieron varios días, escuchando las interpretaciones de la Biblia que realizaba este hombre convirtiendo el lugar en un sitio de debate político y religioso. Finalmente acordaron formar una delegación compuesta por los caciques pilagá quienes reclamaron ayuda para las familias damnificadas.

Luego de varios días el gobierno de Perón envió desde Buenos Aires tres vagones del Ferrocarril Belgrano con ropas, medicinas y alimentos, de los cuales llegaron solo dos y con alimentos en mal estado, lo que provocó intoxicaciones masivas y decenas de muertes.

Durante los primeros días de octubre, los funcionarios encargado de la Reducción «Bartolomé de las Casas», dependiente de la Dirección de Protección al Aborigen de la Secretaria Nacional de Trabajo y Previsión, fue enviado junto con gendarmes para convencer a los ocupantes de que desalojen el lugar y acepten trasladarse a una reducción. El rechazo de los ancianos de la comunidad a esta propuesta fue interpretado como un acto hostil por parte del Gobierno y el rumor de un malón (ataque indígena) comandado por los caciques comenzó a circular entre los pueblos vecinos.

El 10 de octubre en horas de la tarde, efectivos de la Gendarmería Nacional rodearon a las familias concentradas y comenzaron a disparar con ametralladoras y fusiles automáticos. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las familias por el monte se extendieron durante semanas. Durante la primera mitad del mes, un número indeterminado de personas murieron debido a las heridas, la sed, el hambre, y los fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas y decenas de mujeres fueron violadas por los gendarmes. Muchos pilagá pudieron sobrevivir escapando hacia el Paraguay.

El 11 de octubre, un día después del primer fusilamiento, el ministro del Interior Ángel Borlenghi invió un avión que se detuvo en Resistencia, donde se le quitó la puerta y se le colocó una ametralladora con la que dispararon sin piedad contra comunidades pilagá de Formosa. Esto muestra el conocimiento y participación del gobierno nacional en la masacre que se estaba cometiendo.

Se calcula que fueron masacradas entre de 500 y 750 personas de las etnias pilagá, qom, mocoví y wichi, además de las torturas, violaciones y apropiaciones de niños/as para ser entregados a instituciones cristianas encargadas de quitarles su identidad cultural. Finalizada la masacre, las familias prisioneras fueron trasladadas a las Colonias Aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, para ser «reducidas» a trabajos forzados bajo

Los principales diarios de la época, tanto oficialistas como opositores (La Prensa, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas), fueron cómplices de este genocidio, publicando notas en donde hablaban de «asaltos a la población cristiana» por parte de los originarios movilizados y de la heroica acción de la Gendarmería para proteger a los civiles.

Casi 60 años después de estos hechos, el 1º de abril de 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil y penal contra el Estado nacional en el Juzgado Federal de Formosa, reclamando justicia y reparación por estos hechos, basándose en el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

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