Ambientalistas procesados en Chubut: “Por más que nos condenen, no abandonaremos la lucha”

Conversamos con Diego Oria, trabajador de la salud, y Karina Cruz, docente e integrante de la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut, quienes forman parte de los 16 vecinos de la provincia procesados por el juez federal Gustavo Lleral por ser partícipes de un piquete en Ruta 3 en defensa del proyecto de ley de Iniciativa Popular contra la megaminería en 2021. “No hay que tener miedo, el pueblo unido va a hacer historia como en la Patagonia Rebelde o en el Trelewazo”, adelantan. Informe especial sobre la criminalización de la protesta social.

Por Iván Marín

El jueves 27 de abril tomó estado público la resolución del juez federal Gustavo Lleral, -el mismo que mantiene impune el caso de Santiago Maldonado, desaparecido y asesinado en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional en la Lof en Resistencia Cushamen en agosto de 2017-, por el cual se procesa a 16 vecinos de Chubut acusados de entorpecimiento de servicios públicos. Se trata del corte de Ruta 3 en el acceso a Trelew transcurrido entre los días 6 y 9 de mayo de 2021 en ocasión de la aprobación de Legislatura del dictamen en rechazo de la Iniciativa Popular (IP) contra la megaminería presentada con más de 40 mil firmas la Unión de Asambleas de Comunidades del Chubut. El piquete fue desalojado en madrugada del domingo 9 de mayor de forma irregular e ilegal por el entonces ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni. Sobre el particular conversamos en extenso con Karina Cruz, docente e integrante de la Comisión contra la impunidad y por la Justicia en Chubut, y Conversamos con Diego Oria, trabajador de la salud.

¿En qué marco se dan estos procesamientos? ¿Es “solo” contra la militancia ambientalista o guarda relación con las políticas de ajuste a nivel general? Son algunas de las preguntan que nos conducen a esta entrevista. “En una provincia que hace tiempo viene convulsionada por la crisis económica social y política se vienen desarrollando procesamientos y condenas a quienes nos manifestamos en contra de los ajustes y la megaminería”, comienza su relato Karina Cruz. Se refiere a la condena del año pasado a Santiago Goodman por el incendio de Legislatura en 2019, que en realidad fue una rebelión desatada por las bases docentes cuando se conoció el fallecimiento en ruta Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, tras participar de un Plenario Provincial de Delegados en el marco de un plan de lucha en defensa del salario y la educación pública. El martes 25 de abril también se conoció la condena de la jueza federal Marta Yáñez a Estela Juárez, secretaria General de la Regional Suroreste de la ATECH, por panfletear en la ruta, también en el marco de la lucha de 2019. Además, el viernes 29 de abril, se conoció la decisión del juez Gustavo Castro de llevar a juicio a los 4 imputados por el incendio de la sección publicidad de diario El Chubut en el marco del Chubutazo de diciembre de 2021. Entre los procesados se encuentran militantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos).

Tres causas en una semana. A lo que debe agregarse la detención con pedido de extradición del lonko Facundo Jones Huala, la detención domiciliaria de 4 mujeres mapuche con sus 9 hijos de la lof Winkul Lafken Mapu y 24 personas imputadas por el Chubutazo sin ningún policía n funcionario investigado pese a la feroz represión a la mayor rebelión popular en la historia de nuestra provincia. A nivel nacional tenemos las condenas a César Arakaki, militante del Partido Obrero, y a Daniel Ruiz, militante del PSTU y exdelegado petrolero, por luchar contra la fallida contrarreforma previsional en diciembre de 2017.

La persecución no se circunscribe al ámbito penal. Quien escribe este informe fue despedido de diario “El Chubut” en diciembre de 2021 por luchar contra la zonificación minera. En diciembre del año pasado el juez laboral Adrián Duret dictaminó en contra de mi pedido de reincorporación. El fallo se apeló y debió haberse resuelto en febrero último pero desde el 2 de marzo se encuentra para sentencia durmiendo en algún cajón de la Sala A del juzgado civil y comercial de Trelew, cuyo tribunal es presidido por el juez Marcelo Fernando Peral.

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