MANIFESTACIÓN PRISIONES. 21 MARZO 2023

Los funcionarios de prisiones seguimos en lucha para conseguir unas condiciones laborales dignas. Es prioritario un estatuto propio así como es el momento de afrontar después de 18 años de pérdida adquisitiva la equiparación salarial con nuestros homólogos catalanes.

Este sindicato, TAMPM, lo tiene muy claro, este ministro y el secretario general en los largos cuatro años que llevan
gestionando la política penitenciaria no solo han intentado, sino que han conseguido humillar a sus trabajadores,
unas veces con declaraciones públicas bochornosas, estadísticas manipuladas y sesgadas; otras veces elaborando normas internas que ponen a los servidores públicos a los pies de los caballos encontrándonos actualmente totalmente indefensos jurídicamente ante las continuas agresiones que recibimos a diario en las prisiones.
Los funcionarios de prisiones no podemos mirar hacia otro lado, somos los garantes de la ejecución penal y la política penitenciaria con el actual gobierno, parece que se ha centrado en otorgar nuevos derechos
penitenciarios, facilitar excarcelaciones y otorgar todo tipo de beneficios a los reclusos, incluidos etarras con quienes han demostrado un clamoroso trato de favor pero, también han facilitado excarcelaciones a violadores,
asesinos, traficantes y tantos otros que han demostrado además de ser un peligro para la sociedad en muchos casos un peligro para los trabajadores.

Este ministro, cuando tomó posesión de su cargo hace más de cuatro años, nos prometió protegernos de las agresiones que sufrimos, dotándonos del carácter de Agente de la autoridad, el propio Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley para conferir a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones.

El pasado veinticuatro de marzo de 2022 se aprobó en el Congreso la toma en consideración de una Proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
modificando el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, la iniciativa que fue apoyada por 315 votos, excepto los de ERC, BILDU y la CUP, ha sufrido 36 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas de forma que no se puede avanzar a la siguiente fase. Es la Mesa de la Cámara la que acuerda si se amplía o no este plazo, PSOE y Unidas Podemos ocupan seis de los nueve puestos de este órgano en esta legislatura por lo que, realmente nos demuestran que no tienen el mínimo interés en proteger a este colectivo.
Instituciones Penitenciarias no tiene un protocolo eficaz para prevenir y reducir las agresiones que sufre el personal penitenciario, los insultos, las amenazas, con los daños psicológicos que conllevan, están excluidos de
cualquier acción preventiva y de denuncia judicial en Instituciones Penitenciarias, que considera que estos hechos van incluidos en la nómina.
Sirva como ejemplo, el personal facultativo que trabaja en las prisiones no tiene la consideración de agente de la autoridad, al contrario de lo que sucede con los médicos del Sistema Nacional de salud, por lo que no tienen la misma protección en la vía penal ni administrativa.

Otra de las promesas incumplidas es un reconocimiento salarial justo. Cuando el ministro llegó al Ministerio del Interior ofreció una subida de 375 euros para compensar los casi 20 años que no han sido revisados los
salarios, pero esta oferta fue retirada tres días más tarde sin dar ninguna explicación coherente. Esta semana pasada y tras la convocatoria de una manifestación de este sindicato, el gobierno pactó con los sindicatos
generalistas un acuerdo de subida salarial que nos parece una burla, inferior a la oferta retirada hace cuatro años y además condicionada la continuidad del gobierno y a que se aprueben presupuestos. Este pacto, negociado y firmado por Comisiones Obreras y UGT, -CSIF firmó dicho acuerdo pese a criticarlo por insuficiente y electoralista-, incluso ha habido dimisiones de delegados sindicales de CCOO tras la firma del acuerdo. Y es que este acuerdo, se ha materializado a las espaldas de la plantilla y ha supuesto aumentar la brecha salarial entre los propios trabajadores según desempeñen su función en una u otra área o estén destinados en una u otra prisión.

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