Caso SU1C1D1O Coronel ÓSCAR DÁVILA - Investigan FUNCIONARIOS de MEDICINA LEGAL #FocusNoticias

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En junio de 2023, se conoció la noticia del hallazgo sin vida del coronel Óscar Dávila, un oficial clave del equipo de seguridad de la Casa de Nariño. Su muerte, ocurrida dentro de un vehículo oficial frente a su residencia en el sector de Salitre en Bogotá, fue catalogada como un suicidio por parte de la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal. El caso se cerró. Pero ahora, casi dos años después, surge una investigación disciplinaria por presunta manipulación de pruebas.

El expediente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
Esta semana, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra 10 funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por presunto acceso indebido al expediente forense del coronel Dávila.

El proceso busca esclarecer si estos servidores públicos —técnicos, peritos y auxiliares forenses— violaron la cadena de custodia, alteraron reportes o accedieron al sistema institucional sin justificación legal, poniendo en duda la veracidad del dictamen de suicidio.

Entre los investigados están Domingo Enrique Pérez Tovar, Jorge Alfonso Casas Martínez, Beatriz Eugenia Visbal Mora, Natasha Ariza Bello, Yuliet Alexandra Sánchez Rodríguez, Mónica Ivonne Garzón Pineda, Alejandro Salamanca Fonseca, Álvaro García Cardozo, Francisco José Calle Rúa y Diego Fernando Urbano Reyes.

Adicionalmente, se remitió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial las actuaciones por ser el órgano competente para investigar la conducta del doctor Hans Cristian Dworschak Lozano en su calidad de Director Seccional de Cundinamarca del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Un informe interno de Medicina Legal reveló que 23 funcionarios ingresaron al expediente digital de Dávila, pero solo 12 estaban autorizados. De los 11 restantes, algunos simplemente “consultaron por curiosidad”, otros accedieron con credenciales vencidas, y al menos un exfuncionario logró entrar al sistema pese a no estar vinculado formalmente con la entidad.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá determinar si estos accesos constituyen faltas disciplinarias y si afectaron el dictamen original que determinó que Dávila se suicidó con el arma de su conductor, dentro de una camioneta oficial frente al edificio de apartamentos donde residia con su esposa e hijos.

Un caso con demasiadas preguntas
El coronel Óscar Dávila no era un funcionario cualquiera. Coordinador de seguridad presidencial, estaba vinculado a la polémica por interceptaciones ilegales a las niñeras de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Su nombre aparecía en los reportes de inteligencia relacionados con seguimientos, copias espejo de teléfonos y hasta una polémica prueba de polígrafo sin autorización judicial.

La Fiscalía concluyó que se trató de un suicidio, basado en pruebas periciales que señalaban un disparo autoinfligido, sin señales de lucha ni intervención de terceros. Sin embargo, desde el principio, sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y algunos medios han cuestionado esa versión, exigiendo una investigación más profunda.

¿Un dictamen viciado?
Lo que ahora se pone sobre la mesa es la posibilidad de que el dictamen forense haya sido influenciado por accesos irregulares, manipulaciones o supresiones de evidencia. La Fiscalía compulsó copias del caso a la Comisión de Disciplina Judicial tras detectar movimientos sospechosos en el aplicativo SIRDEC, donde se almacenan los expedientes periciales.

La Comisión ha solicitado el historial detallado de accesos al expediente del coronel, incluyendo nombres de usuario, fechas, IPs y tipo de operación (lectura, descarga o modificación), en busca de patrones que indiquen alteración o encubrimiento.

Mientras la Comisión Nacional de Disciplina Judicial avanza en la investigación, el país observa expectante. El caso Dávila, con todas sus ramificaciones políticas y judiciales, vuelve a poner bajo la lupa no solo a Medicina Legal, sino a las instituciones encargadas de garantizar la verdad en Colombia.

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