2do conversatorio | Nicaragua y el lavado de dinero: ¿justicia o represión política?

Desde el 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado la cancelación de la personería jurídica a 1,068 Organizaciones Sin Fines de Lucro, (OSFL), porque supuestamente incumplían con las leyes.

Al respecto la especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Orietta Benavides, no descarta que el régimen procese a ex directivos de las ONG por supuesto lavado de activos.

En el foro ¿Justicia o represión política? que desarrolló la Red Centroamericana por la prevención del Lavado de Activos (Red Activos), Benavides no descarta que ex directivos de ONG puedan ser procesados por supuesto lavado de activos, tomando en cuenta el proceso ilegal contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

“El Ministerio de Gobernación ha seguido un mismo patrón, lo podemos ver en cada una de las decisiones donde se autoriza el cierre de diferentes organismos no gubernamentales y la razón que siempre aducen es la falta de cumplimiento de la documentación de cada una de esas organizaciones, mencionan en particular los estados financieros, los temas de contabilidad, etcétera. Todo es posible verdad, no podemos descartar absolutamente nada”, expresó.

En el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la abogada resaltó que la prueba presentada estaba contaminada “toda la prueba presentada en juicio fue una prueba contaminada, fue prueba obtenida ilegalmente sin respetar los principios constitucionales y las normas procesales y fue también una prueba incorporada ilegalmente al proceso. De manera tal que a lo largo de los días que se desarrollaron cada uno de estos procesos fue evidente de que la prueba que llegó a juicio no cumplía con los requisitos legales para ser valorada, es decir la sentencia condenatoria descansan en pruebas que fueron a todas luces ilegales”.

En este sentido, la abogada e Integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, Martha Patricia Molina, respaldó las consideraciones de Benavides sobre la utilización del ordenamiento jurídico para criminalizar a personas inocentes.

“En Nicaragua no existe institucionalidad y todos lo sabemos, (..) las instituciones públicas encargadas de dar seguimiento y cumplimiento al tema que no sé apegan a derecho, no se rigen al ordenamiento jurídico interno del sistema jurídico internacional (...) la segunda premisa es que las leyes que abordan de lavado de activos son prácticamente nuevas y altamente cuestionadas no solamente por las personas que damos seguimiento a estas temáticas”.
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