PRISIÓN DE ALGECIRAS. EL PELIGRO DE TRABAJAR EN EL CAMPO GIBRALTAR

Funcionarios de la prisión de Botafuegos en Algeciras han hecho balance del año 2022 considerando de un «año horribilis» para ellos y el funcionamiento de este centro penitenciario. Así consideran que desde la apertura de esta prisión hace más de dos décadas, el año 2022 ha sido el más convulso de todos, en el que se han producido hechos preocupantes, de mucha gravedad y donde el colectivo de empleados penitenciarios ha vivido en primera persona la desprotección y el olvido al que le somete la Administración Penitenciaria de forma inmisericorde.

Comenzó con la agresión grave (solo mención a las más graves) de un interno a un funcionario cuyo resultado fue una conmoción cerebral para el trabajador y traslado a hospital; las agresiones se fueron sucediendo, otro interno de alta conflictividad lesiona a tres funcionarios que terminan en la enfermería de la prisión, un mes más tarde otro funcionario de prisiones acaba en el hospital con el hueso orbital fracturado tras ser agredido por un interno que además en el mismo momento también intentó estrangularlo; a mitad de verano una funcionaria es atendida en el hospital tras intervenir en la reducción de otro recluso, lo último hace unos días cuando otro funcionario de nuevo es atendido en el hospital con el hombro fuera de su sitio.
A principio de febrero -siguen repasando- saltaron las alarmas en el centro penitenciario cuando se intentó coaccionar a un trabajador al que se le calcinó su vehículo de madrugada y en la puerta de su vivienda; seis meses más tarde se reproducen los hechos cuando en las mismas circunstancias se le calcina el vehículo a una trabajadora social de la prisión, el delito de ambos fue cumplir fielmente con sus obligaciones, a petición propia, se vieron obligados a cambiar de puesto de trabajo, esa fue la pena a cumplir para ambos.

Y continuó en septiembre cuando otro interno, en presencia del resto de reclusos, intenta agredir al funcionario de prisiones e intenta levantar al módulo contra los trabajadores; un mes mas tarde, tras una pelea entre internos, cuando los trabajadores buscan restablecer la normalidad, varios internos aprovechan el momento para intentar se amotinaran el resto de reclusos.

A principio de verano, a pesar de la intervención de los sanitarios penitenciarios, se registra el suicidio de un interno en Botafuegos, con anterioridad funcionarios de servicio consiguen salvar la vida al descolgar a tiempo a un interno con problemas mentales y que intentaba suicidarse por ahorcamiento; otro interno con problemas mentales incendia su celda, los trabajadores proceden rápidamente a sofocar el fuego a la vez que desalojan al resto de internos de esa galería, varios trabajadores son atendidos en la enfermería por inhalación de humos.

En los últimos meses del año, trabajadores penitenciarios localizan en el interior de la prisión la carga procedente de un dron: dos teléfonos móviles, drogas, cuerdas y ganchos; unos días más tarde, otro dron que transporta teléfonos, cocaína, heroína, hachis… se estrella junto a Botafuegos, contra la terraza de un vecino.

Como aseguran, un informe del Ministerio del Interior publica cifras, determinando que la prisión de Algeciras ocupa el número 1 en el ránking nacional de las prisiones españolas donde más teléfonos móviles se han intervenido en los últimos cinco años; finalizando el año, en Botafuegos y en un mismo día, se localizan en el interior de celdas y ocultos tras dobles fondos hasta diez teléfonos móviles de última generación.

El máximo responsable de las innumerables y graves situaciones que se viven a diario en las cárceles españolas no es ni más ni menos que uno de los sesenta altos cargos mejor pagados de la Administración del Estado, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, designado a dedo por el Ministro del Interior y que cada día que transcurre da muestras de su incapacidad; dirige las prisiones españolas masificadas, con falta de personal, de médicos, de psiquiatras, de formación, de medios materiales, de medios tecnológicos, sin reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad ni protección jurídica adecuada a sus trabajadores, con una legislación penitenciaria obsoleta y que tiene el honor de presidir al colectivo de empleados públicos más agredido en el desempeño de su trabajo.

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