Soto Ivars: UN JUEZ "MUY MALO" ESTÁ A PUNTO DE LLEVAR A JUICIO A BEGOÑA GÓMEZ

Yo no sé si el juez Peinado es tan malo como dice Félix Bolaños ni tengo ni idea de si los delitos
que se achacan a Begoña Gómez se podrán demostrar en el juicio. Lo que tengo claro es que si
repasas la lista hay cosas, que si no eres la mujer de Pedro Sánchez, sencillamente no se consiguen.

El cierre de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso de Begoña Gómez vuelve a poner en primer plano uno de los casos políticos más tóxicos del sanchismo: cátedras, reuniones en Moncloa, Barrabés, Air Europa, la Complutense, Red.es, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez...
Un montón de nombres tras la sospecha de que la mujer del presidente aprovechó una posición de privilegio para abrirse puertas que no se le abrirían a nadie más.

El magistrado ha propuesto juzgarla por cuatro presuntos delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida y ahora serán las partes y la Audiencia Provincial quienes decidan el siguiente paso.

La clave del asunto no está solo en lo que acabe siendo o no delito, sino en el volumen de hechos ya acreditados en la investigación y en cómo ha reaccionado el Gobierno desde que El Confidencial empezó a publicar en abril de 2024 las primeras informaciones sobre el entorno profesional y empresarial de Begoña Gómez.

A partir de ahí llegaron la denuncia de Manos Limpias, la apertura del caso, las recusaciones fallidas contra Peinado, las críticas cada vez más duras de Moncloa y un relato oficial basado en que todo esto era una persecución alimentada por pseudomedios, bulos y una instrucción supuestamente disparatada.

Pero el problema para Pedro Sánchez, Félix Bolaños y el bloque de defensa del Gobierno es que, si lees el repaso que ha hecho Jose María Olmo, la causa no se sostiene solo sobre rumores.

El auto de procesamiento recoge indicios sobre la cátedra de la Complutense, el uso de recursos públicos, las gestiones vinculadas a Juan Carlos Barrabés, la utilización del correo institucional, las reuniones en La Moncloa y el intento de registrar a nombre de Gómez elementos ligados al software desarrollado con apoyo de Google, Telefónica e Indra.

Es cierto que la Audiencia de Madrid ha ido corrigiendo al juez en varios puntos, pero también ha respaldado la base de parte de la investigación, cosa que parece que desmonta un poco la caricatura de un instructor completamente fuera de control.

El caso Begoña Gómez se ha convertido en un choque entre justicia, poder político, medios de comunicación y opinión pública en torno a una pregunta muy simple: si una persona sin vínculo con la Presidencia del Gobierno habría podido conseguir las mismas reuniones, el mismo acceso, la misma cátedra, los mismos patrocinios y la misma red de favores. Ese es el fondo de la discusión.

El Gobierno insiste en que “no hay nada” y confía en que una instancia superior revierta la instrucción, mientras la oposición y buena parte de la prensa ponen el foco en que cualquiera de los episodios conocidos sería letal en términos políticos en otros países europeos.

De momento la ofensiva del Ejecutivo contra el juez Peinado ha terminado ampliando el incendio. Bolaños llegó a decir que la instrucción había avergonzado a muchos jueces y magistrados, mientras asociaciones judiciales reaccionaron acusando al Gobierno de socavar la independencia judicial.

Otra escalada en la batalla institucional entre Moncloa y parte de la judicatura.

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