Vox DENUNCIA a Salvador Illa por el FRAUDE de las mascarillas

Vox ha interpuesto una querella contra Salvador Illa en el Tribunal Supremo por los contratos del Ministerio de Sanidad para la compra de material sanitario durante la pandemia. La formación liderada por Santiago Abascal pone el foco en cerca de una veintena de adjudicaciones por importe de 623 millones de euros a empresas que no pertenecían al sector o que no estaban recomendadas.

La querella, dirigida al alto tribunal debido a la condición de aforado de Illa, solicita que se le abra causa por los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. También insta a investigar las presuntas irregularidades en estas adjudicaciones, tramitadas por la vía de emergencia.

Entre las empresas mencionadas en la querella destaca una que habría abonado 2 millones de euros en comisiones a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por mediar para el suministro de mascarillas antes de que estallara la pandemia en España. Algunas de estas empresas, la mencionada, recibieron pagos con fondos europeos, lo que ha despertado mayor interés en las investigaciones.

Vox pide al Tribunal Supremo que investigue las "irregularidades" de estas contrataciones 'a dedo', teniendo en cuenta que gran parte del material adquirido llegó en estado defectuoso. Alegan que estas adjudicaciones se realizaron "con conocimiento y autorización" del entonces ministro Illa "en todos los casos”.

La querella también hace referencia a la adjudicación de contratos a empresas chinas a un precio significativamente mayor que el establecido por el Ministerio. Se señala que algunas de estas empresas chinas carecían de identificación fiscal y no guardaban relación con el sector sanitario. De hecho, una de las empresas vendió material sanitario a un precio 50 veces superior al del mercado.

Vox exige una investigación exhaustiva sobre un total de 17 contratos que se adjudicaron desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria durante los peores meses de la pandemia.

La querella argumenta que estas adjudicaciones fueron "arbitrarias y nepóticas", y que Illa, estando al tanto de la gravedad de la situación desde enero de 2020, no aplicó criterios objetivos en la contratación y el proceso careció de transparencia. Se basa en testimonios de altos cargos ministeriales que declararon no conocer a los proveedores adjudicatarios, y recuerda que no se ha revelado la identidad de las personas que formaban parte del "equipo multidisciplinar de expertos" encargado de gestionar las compras con los proveedores.

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