Alerta: ¿Falsos Positivos para Remilitarizar el Bajo Aguán en Honduras?

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La situación de seguridad en el departamento de Colón ha alcanzado un punto crítico tras el registro de masacres que han dejado un saldo trágico y han encendido las alarmas a nivel internacional. La Fiscalía regional del Bajo Aguán, en conjunto con Medicina Forense, logró la identificación de 19 víctimas mortales derivadas de una masacre en Trujillo. A este evento se suma otro enfrentamiento violento en el que perdieron la vida cinco agentes policiales y dos presuntos criminales durante un operativo, hechos que han generado fuertes críticas sobre la inoperancia del Estado hondureño.

Ante este escenario, el Gobierno de Nasry Asfura ha implementado medidas que han suscitado una profunda controversia entre analistas y sectores sociales. El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, ha sostenido que la violencia registrada se debe a que el crimen organizado se ha "infiltrado" en las organizaciones campesinas, una afirmación que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad hondureña.

En respuesta a estos hechos, la administración de Asfura ha optado por el retorno del militarismo en funciones de seguridad ciudadana. Esta decisión implica el despliegue de patrullajes militares específicamente en las plantaciones de palma africana, zonas que históricamente han sido el epicentro de conflictos por la tenencia de tierras durante décadas. De manera simultánea, el Ejecutivo ha impulsado un decreto oficial para reformar el Código Penal, con el objetivo de aumentar las condenas por el delito de usurpación de tierras y elevar la tipificación de las maras y pandillas a la categoría de grupos terroristas.

Analistas consultados advierten que estas acciones podrían formar parte de una estrategia deliberada. Según expertos, el Gobierno podría utilizar las matanzas en Colón como un "falso positivo" para justificar un retorno agresivo de las Fuerzas Armadas al Bajo Aguán, extendiendo la acusación de infiltración del crimen organizado hacia los movimientos agrarios. Esta narrativa buscaría vincular las luchas campesinas con actividades terroristas, facilitando la persecución judicial de sectores que han resistido el despojo de tierras impulsado por terratenientes con influencia política.

El analista Jimmy Bermúdez señaló que Honduras enfrenta un escenario complejo donde se intenta reducir el problema únicamente a una cuestión de inseguridad. Bermúdez sostiene que se está construyendo un relato para intervenir militarmente en la sociedad, recordando que el Valle del Bajo Aguán ha estado históricamente bajo intervención militar sin lograr jamás un armisticio definitivo. El experto advirtió que, aunque se plantearon reformas al Código Penal para evitar el derramamiento de sangre, la experiencia desde 2020 demuestra que el reforzamiento de delitos vinculados a la criminalidad ha terminado afectando y criminalizando a quienes defienden la tierra.

Asimismo, Bermúdez planteó que los crímenes en la zona no son hechos aislados, sino acciones organizadas y financiadas que solo podrían ser ejecutadas por actores ligados a las fuerzas públicas del Estado o grupos paramilitares financiados por sectores privados, comparando esta dinámica con situaciones ocurridas en países como Colombia, Guatemala y Brasil.

Por su parte, el abogado y analista José Zúñiga cuestionó la elevación de penas por usurpación aprobada por el Congreso Nacional. Zúñiga argumentó que muchos grupos campesinos son acusados de usurpar tierras que les pertenecen históricamente por generaciones, pero que no cuentan con el reconocimiento oficial del Estado, terminando estas extensiones en manos de grandes empresas. El analista denunció un claro favoritismo hacia los sectores empresariales y advirtió que estas reformas pretenden silenciar la capacidad de denuncia de los campesinos sobre la explotación de sus tierras nativas.

Zúñiga fue enfático al calificar la estrategia gubernamental como una "operación de falsa bandera", sugiriendo que el Gobierno de Asfura mantiene compromisos

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