Archivo N°041 - LA FRAGATA HEROÍNA

Daniel Jewett no actuaba como un extranjero cualquiera. Tenía una patente de corso expedida por las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que lo convertía legalmente en un agente del Estado argentino. Bajo el derecho internacional de la época, los actos de un corsario con patente equivalían a actos del Estado que la emitió.

El 6 de noviembre de 1820, en Puerto Soledad, había ancladas decenas de embarcaciones de distintas naciones: cazadores de focas, balleneros, corsarios de varios países. Jewett leyó la proclama ante esos capitanes extranjeros. Varios la reconocieron en el momento, lo que Argentina considera un reconocimiento tácito internacional de su soberanía sobre las islas.

Ese acto se convirtió en el núcleo del reclamo argentino formal ante Naciones Unidas y el Comité de Descolonización, junto con el principio de sucesión de soberanía desde España, que había administrado las islas desde 1767. Argentina no reclama Malvinas por ocupación reciente: reclama una cadena jurídica que comenzó antes de que existiera como Estado.

Cuando Gran Bretaña ocupó las islas por la fuerza en 1833, interrumpió lo que Argentina presenta como esa cadena ininterrumpida de soberanía. Esa ruptura forzada — no un acuerdo, no una cesión — es el argumento central que el país sostiene hasta hoy en cada foro internacional.

Gran Bretaña nunca reconoció la validez del acto de Jewett. Su posición: un Estado no puede ejercer soberanía efectiva a través de un extranjero contratado, sin gobierno permanente en el territorio. Argentina responde que la patente de corso era exactamente el mecanismo legal del siglo XIX para actuar a distancia. El debate sigue irresoluto.

¿La soberanía se ejerce con presencia física o con actos jurídicos formales?

📁 Archivo Nº 41

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